El Alto Tribunal ha venido a señalar en su reciente sentencia 1040/2021, de 16 de julio, que el hecho de promover la solicitud de rectificación de una autoliquidación por «considerar que vulnera el derecho constitucional español o el derecho europeo» es un motivo suficientemente válido para instar a la Administración a que inicie dicho procedimiento de rectificación, sin perjuicio de que esta pretensión pueda resultar desestimada.
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